La Superintendencia Nacional de Salud como integrante de la Red de Controladores del Sector Salud solicitó a las entidades adoptar medidas urgentes frente a embargos por más $2,6 billones sobre recursos administrados por distintas EPS, con el fin de proteger su destinación, asegurar su disponibilidad y evitar afectaciones en la continuidad y oportunidad de la atención a los usuarios.  

Teniendo en cuenta el principio de colaboración armónica entre entidades estatales, la Supersalud remitió un informe técnico a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, integrantes de la Red de Controladores del Sector Salud, para que, en el marco de sus competencias, evalúen posibles afectaciones al derecho fundamental a la salud y adopten las acciones que consideren pertinentes. 

Con corte al 22 de enero de 2026, la Supersalud identificó embargos en EPS con medidas de intervención forzosa administrativa que suman más de $2,6 billones. De este total, Nueva EPS concentra cerca de $2,1 billones, seguida por Coosalud EPS con aproximadamente $341 mil millones y Asmet Salud con $137 mil millones. También se registran afectaciones en Cajacopi EPS (ahora Proteger EPS, con vigilancia especial) con $43 mil millones, y en Emssanar EPS, con alrededor de $39 mil millones.  

Igualmente se identificaron 36 embargos adicionales en EPS sin medidas de intervención administrativa, que suman más de $32 mil millones. Se concentran en Mallamas EPS-I, con $15.052 millones; Capital Salud EPS, con $8.750  millones; Compensar EPS, con $7.478 millones; Sanitas, con $752 millones y Salud Total EPS, con $540 millones. 

El informe también evidenció una mayor concentración de estos procesos en los departamentos de Caquetá y Huila, así como en la ciudad de Bogotá, y la participación recurrente de algunos demandantes en múltiples casos.

Efectos en la prestación de servicios y alertas de la Supersalud  

La Superintendencia Nacional de Salud reitera que la afectación de los recursos del sistema compromete directamente la prestación de los servicios de salud. Recordó que, por su naturaleza pública y destinación específica, estos recursos son esenciales para garantizar la continuidad y oportunidad en la atención a los usuarios. 

La Supersalud advierte que, al tratarse de un derecho fundamental de aplicación inmediata, la garantía de la salud depende de condiciones institucionales, administrativas y financieras. 

Por ello, alertó que los embargos sobre estos recursos pueden generar retrasos en pagos a prestadores, aumento de quejas y acciones judiciales, y mayores riesgos para la operación de las EPS, afectando la prestación de servicios y la entrega de tecnologías en salud. 

En respuesta a esta situación, la Superintendencia mantiene un seguimiento permanente y reiteró que los recursos del sistema son inembargables y no hacen parte del patrimonio de las EPS, por lo que deben destinarse exclusivamente a la prestación de los servicios, asegurando así la protección del derecho fundamental a la salud.

*Con información de Superintendencia de Salud